de Cual Guerra? Testimonios de Sobrevivientes Mayas
Para comprender la devastadora guerra civil, conocida en Guatemala como “la violencia” o “el conflicto armado interno”, es necesario regresar en el tiempo hasta la época de la invasión por los conquistadores españoles en 1521. La colonización española de Centroamérica fue impulsada por la búsqueda de oro y por el deseo de “salvar almas” a través de la conversión de los “paganos” al catolicismo. Las vidas de los mayas y otros pequeños grupos indígenas en la región que se convertiría en la Guatemala moderna fueron transformadas irrevocablemente por la invasión española. Desde esa época, la historia del pueblo indígena de Guatemala ha sido marcada por la subyugación, colonización e intervención extranjera. Estos acontecimientos, aunque ocurrieron hace casi 500 años, todavía son conocidos como “la conquista”, un claro indicio del efecto que esta historia sigue teniendo en la Guatemala del presente.
Al igual que en otros países de Latinoamérica, las instituciones civiles guatemaltecas han sido frágiles e inestables. Sin embargo, lo que distingue a Guatemala es la cantidad de tiempo y el grado en que el ejército ha permanecido afianzado en el poder desde que el país se independizó de España en 1821.
La excepción notable a este dominio militar fueron los diez años entre 1944 y 1954, denominados la “Década de la Primavera”. Los gobiernos de Juan José Arévalo (1944–1951) y Jacobo Arbenz (1951–1954) fueron electos democráticamente. Arévalo denominó a su forma de gobierno “socialismo espiritual”, declarando: “Somos socialistas porque vivimos en el siglo XX”. Posteriormente, el gobierno de Arbenz intentó llevar a cabo una importante reforma agraria que desafió los intereses comerciales de los Estados Unidos, particularmente los de la United Fruit Company (UFCO). En respuesta, la UFCO ejerció su influencia política en la administración de Eisenhower, lo que dio como resultado una invasión apoyada por la CIA que derrocó a Arbenz e instaló un gobierno títere.
Esto dio inicio a medio siglo de participación directa de los Estados Unidos en los asuntos internos de Guatemala a través del apoyo a gobiernos militares derechistas. Los dictadores militares Romeo Lucas García (1978–1982) y Efraín Ríos Montt (1982–1983) recibieron entrenamiento en técnicas bélicas de contra insurgencia y de tortura en la School of the Americas en el Fuerte Benning, en Georgia. Bajo su autoridad, el terror patrocinado por el Estado se convirtió en una realidad y la política de tierra arrasada fue implementada en el altiplano contra las aldeas mayas rurales. El Informe del Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala titulado Guatemala, ¡Nunca más! describe esto como “un espantoso holocausto para la población de las llamadas áreas en conflicto”. La primera vez que escuché algo sobre la tierra arrasada fue a través de Fernando, quien describió este período: “En la década de 1980, durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, se usaban prácticas brutales contra los rebeldes, los guerrilleros, cualquiera que se pareciera a los comunistas o que tuviera relación con los comunistas. La tierra arrasada era la práctica, quemando la tierra, matando en las aldeas a todos los que los soldados consideraban sospechosos de tener algo que ver con la guerrilla”.
En junio de 1994 se estableció la Comisión de la Verdad llamada Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Los tres miembros de la CEH tenían asignada la tarea de clarificar con “objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado”. Se le ordenó a la Comisión de la Verdad “publicar un informe… conteniendo los resultados de sus investigaciones y sus recomendaciones para la reconciliación nacional y la promoción de una cultura de tolerancia… El informe no individualizará las responsabilidades por violaciones a los derechos humanos específicas ni tendrá objetivos o consecuencias judiciales”.
El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, terminando así con la guerra civil que duró 36 años. En 1997, la Comisión de la Verdad empezó a tomar los testimonios de más de 9,000 víctimas de la guerra. El 24 de abril de 1998, el obispo Juan Gerardi presentó a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala el informe final Guatemala, ¡Nunca más! Dos días después, el obispo Gerardi fue asesinado brutalmente cuando se disponía a ingresar a su residencia en la ciudad de Guatemala.
En febrero de 1999, una audiencia de más de 100,000 personas se reunió para escuchar a la Comisión de la Verdad presentar su informe, el cual reveló hechos sorprendentes:
“La CEH estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas (pág. 21). Las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia atribuibles a actos del Estado alcanzan el 93% de los registrados por la CEH (pág. 42). Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobreviviencia. La CEH registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas (pág. 43). El caso más notable es el de la región ixil, donde entre el 70% y 90% de las aldeas fueron arrasadas (pág. 50). [Éstos] actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a numerosos grupos mayas no fueron actos aislados o excesos cometidos por tropas fuera de control, ni fruto de eventual improvisación de un mando medio del Ejército. Con gran consternación, la CEH concluye que muchas de las masacres y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en contra de tales grupos respondieron a una política superior, estratégicamente planificada” (pág. 51).
El informe de la CEH documentó que “las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones” (pág. 25) y que “el 83% de las víctimas eran mayas” (pág. 21). La Comisión de la Verdad manifestó, inequívocamente, que el ejército había cometido actos de genocidio contra la población maya, perpetrados “‘con la intención de destruir, total o parcialmente’, a un grupo nacional, étnico” (pág. 48).
En el capítulo titulado Paz y Reconciliación, el informe “dedica su trabajo a la memoria de los muertos y a otras víctimas de más de tres décadas de violencia fratricida en Guatemala”,6 llegando a la conclusión de que:
“Para alcanzar la verdadera reconciliación y conseguir edificar una nueva nación democrática y participativa, que valore su carácter multiétnico y pluricultural, la sociedad entera deberá asumir, entre otras cosas, los compromisos del proceso de paz. Sin lugar a dudas se trata de un esfuerzo profundo y complejo que la sociedad guatemalteca adeuda a los miles de hombres y mujeres valientes que, reclamando el pleno respeto a los derechos humanos y al Estado democrático de Derecho, asentaron los cimientos de esta nueva nación. En primera fila, entre ellos, se encuentra monseñor Juan Gerardi Conedera”.